Desde la perspectiva económica, es fácil llegar a comprender que una de las soluciones para poder seguir financiando el alto coste que supone al Estado tener una seguridad social universal y gratuita pase irremediablemente por un copago que suponga el financiar parte de la atención médica y/o la medicación que los profesionales facilitan y prescriben.
Igual ocurre desde esta perspectiva si hablamos de la educación. El poder disponer de una gratuidad total y universal.
Si lo vemos desde la pespectiva legal, está en la propia Constitución en sus artículos 43 y 44 donde dice tiene que prevalecer los derechos de los ciudadanos que amparan la salud pública, la educación y la cultura, y son las comunidades autónomas las que tienen las competencias.
Desde el punto de vista social, las preguntas son muchas a hacerse.
- Los recortes para sufragar el déficit público ¿deben ser en estas materias de amplio calado social, en lugar de en otras de menor interés para la ciudadanía?
Si estas se aplicaran:
- ¿deben de ser de carácter general sin tener en cuenta los ingresos del perceptor?
- ¿debe de tenerse en cuenta el monto de aportaciones realizadas al estado por el contribuyente vía IRPF durante su vida laboral?
- ¿deben de ser las medidas las mismas en todo el territorio nacional, indistintamente de la comunidad en la que se resida? ¿deben ser iguales estas medidas para todos los ciudadanos sean o no de nacionalidad española?
No parece lógico ni ecuánime, que una pareja en activo laboral con dos preceptores e ingresos por ejemplo de 50.000 € pague un plus por la escolarización de sus hijos igual que otra pareja de ingresos de 20.000 € y con uno de sus miembros en desempleo. Ni que estos paguen el coste de una receta o visita médica en las mismas condiciones que aquellos.
Del mismo modo, no parece justo que un jubilado de pensión mínima de 550 €/mes cofinancie su sanidad del mismo modo que el que cobra la máxima de 2.490 €/mes,
Por otro lado, ¿hay que dar el mismo tratamiento a un trabajador que lleva contribuyendo 20 o 30 años a las arcas del Estado con sus impuestos por rendimiento de su trabajo que a otro que ha contribuido 8 años? ¿debería aplicarse un criterio puramente económico de cuenta de explotación en la medida que tanto has ingresado y tanto has costado al estado por tus periodos de no contribución, percepción del subsidio de paro, etc. etc.?
Desde el principio que la solidaridad debe estar basada entre personas y no entre entes públicos ¿puede disfrutar un ciudadano de una comunidad autónoma de fueros que mejoren su situación vs otro de otra comunidad? ¿debe pagar más o disponer de una mejor calidad en estos servicios uno que otro? El artículo 14 de la Constitución dice: “Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”, no debe ser una prerrogativa el haber nacido o residir en tal o cual sitio.
¿Podemos moralmente permitirnos pedir a nuestros ancianos y jubilados que realicen un esfuerzo más para contribuir al pago de un déficit del que no son responsables? ¿pueden esas exiguas pensiones soportarlo sin pasar el umbral de la pobreza?
¿Podemos seguir sufragando seguridad social, enseñanza, viviendas de protección oficial, etc. etc. a residentes extranjeros que no han contribuido suficientemente para ser beneficiarios?
Las sedes diplomáticas españolas en Sudamérica están saturadas de peticiones de ciudadanos que no tienen ninguna vinculación con España y solicitan por su condición de nieto/a de un español la nacionalidad. Esto les dará derecho a una pensión de jubilación (no contributiva) sin haber puesto un pie en España ni haber contribuido con un euro a las arcas del estado.
¿Debemos seguir manteniendo este estatus de acogida que no podemos permitirnos, sin otro criterio que el origen de las personas o acuerdos sobrevenidos, si no es por nuestra condición quijotesta? ¿lo haría o está haciendo en las actuales circunstancias cualquier otro país de nuestro entorno?
Nuestro refranero popular tiene una frase adecuada “una cosa es querer y otra poder”.
El copago en sanidad y enseñanza seguramente en breve será Ley (con mayúsculas), y por tanto será legal y de obligado cumplimiento, pero no será de ley (con minúsculas), que es la que atañe a los hombres, la moral y la justicia social.
Seguro que soluciones a estas cuestiones habrá tantas como personas. El legislador debería tener en cuenta todas estas cuestiones que están en el aire. Si de nuevo una vez más nos piden un esfuerzo a la ciudadanía, tendrá que legislar a sabiendas que estaremos exigentes para que expliquen por qué toman unas y no otras o las dejan de tomar, sin eludir ninguna de estas cuestiones que están pendientes..
Cicerón 25/01/2012