Lo peor que puede ocurrir en cualquier caso u ocasión y creo que para cualquier persona, es que no se diga la verdad, sea cual sea la gravedad de ella. Hoy iniciamos una revisión de todos aquellos puntos que entendemos deben ser atacados por el gobierno, en relación con la situación actual. Nuestras sucesivas preguntas requieren una respuesta de alguien con los “pelendengues”, la altura moral y la capacidad de liderazgo para conseguir que “todos” repito “todos” nos pongamos manos a la obra para tratar de paliar la situación de la forma mas rápida y mejor posible. Alguien que sea capaz, imitando a Churchill, de conseguir conciliar a la población total al grito de “sangre, sudor y lágrimas”.

En segundo lugar, hablamos de la política autonómica y nacional:

¿Quién nos va a decir que es absolutamente inviable que España tenga una proporción de funcionarios que avergüenza a todos los del mundo por su baja productividad? La cantidad de funcionarios, triplica la del país con mejores servicios públicos del mundo, que es Alemania y debería por tanto ser el modelo a seguir. Alguien que explique que España, con 20 millones de población activa, no puede tener más de 2,5 millones de funcionarios, cuando Alemania, con casi 70 millones de población activa, tiene sólo 3 millones de funcionarios.

¿Quién del gobierno les dirá a los gobiernos autonómicos que es inadmisible que se pasen por el arco de triunfo los criterios de endeudamiento del sector público? Y que no se limiten a sonreír cuando los sus sucesores de Pujol o Arzallus le digan de todo menos bonito.

¿Quién les va a decir, con argumentos sólidos, que la libertad de utilización de un idioma no tiene necesariamente que transformarse, ni en una sangría para las arcas públicas, ni en una herramienta de discriminación, ni en algo tan absurdo como para que cargos con responsabilidades políticas exijan la publicación de libros de texto en "formenterano"? El esperpento de los últimos veinte años con los idiomas autóctonos oficiales se tiene que acabar a la voz de YA. Eso no significa coartar la libertad de nadie, y así hay que explicárselo a la gente, sin sufrir como hasta ahora del "síndrome de Estocolmo". El idioma español no se cuestiona, punto. Es un activo económico y político vital.

¿Quién, sin que se avergüence, va a decir que el respeto a las minorías no consiste en que las minorías impongan sus criterios a las mayorías?
• Que diga que la homosexualidad es una opción que se toma libremente, pero que no representa un plus personal
• Que diga a los musulmanes cuál es nuestra situación, que son bien recibidos, pero que aquí somos como somos, no como ellos quieren que seamos. Que si quieren vivir con nosotros que muy bien, pero, sin que nosotros tengamos que cambiar nuestra forma de ser. Ellos no cambian cuando alguien va a vivir a sus países.
• Que diga que la ley del aborto no tiene que obligar a nadie, pero, tampoco criminalizar a los que eligen esa opción.

¿Quién tomara al toro por los cuernos en la situación de la judicatura? que se comprometa a hacer una auténtica reforma del sistema judicial, del código penal y del funcionamiento de las fuerzas de seguridad, y que no tenga remordimientos si la reforma causa que un asesino viva el resto de sus días entre rejas. La calle es el lugar donde tienen que estar los ciudadanos honrados, los delincuentes tienen que estar en la cárcel. Es triste, pero es así.

¿Quién les explicará a los jueces que son un servicio público que debe acatar las leyes y si no retirarse a ejercer la abogacía como privados? Que es eso de ahora retraso una adopción, ahora no acepto una boda homo sexual, ¿mientras esto sea legal? No se puede permitir que porque he ganado una oposición soy el rey del mambo. Si no estoy de acuerdo, me voy, como en la empresa privada.

¿Quién expondrá sin ningún complejo a los europeos vienen aquí buscando lo que no pueden hacer en sus respectivos países de origen, porque está mal visto en sus sociedades, porque su clima es un horror, o porque les resulta prohibitivo, que aquí tenemos nuestras leyes que ellos deben aceptar? Que, en consecuencia, si vienen a aquí deben aceptar nuestras normas y costumbres con todas sus consecuencias y, si no, que se vayan por donde vinieron.

¿Quién bajará del pedestal a las autonomías? El que tenga claro que son los ayuntamientos, no las autonomías, los organismos que tienen que proporcionar la mayoría de servicios a los ciudadanos (exceptuando defensa, grandes infraestructuras, sanidad, investigación y la política de educación, que debe ser sustentada por la administración global) Y que, en consecuencia, la mayor parte de tasas e impuestos debe recaudarse y gestionarse en los ayuntamientos. Bien es cierto que hay que erradicar la corrupción municipal y hay que redistribuir la carga impositiva para solucionar de una vez la financiación local, que es uno de los cánceres de nuestro país.

Esperemos a ver quién lo hará